Desaparecidos

El 9 de noviembre, el Congreso de la República votó a favor de vacar al presidente Martín Vizcarra bajo la figura, contemplada en la constitución, de la incapacidad moral permanente, a pesar de encontrarse el país apenas a cinco meses de las elecciones presidenciales programadas para el 11 de abril de 2021. Esta especie de golpe legislativo desató la furia del pueblo peruano no solamente por la traición al presidente en funciones de parte del parlamento que el mismo Vizcarra había convocado en elecciones congresales extraordinarias en marzo, sino principalmente por el sentir generalizado de que la democracia en el Perú estaba en franca decadencia. No obstante, el problema no terminó ahí, ya que en las manifestaciones producidas en los días siguientes se produjeron abusos policiales de todo tipo, desde arrojar gas lacrimógeno a civiles marchando pacíficamente, disparar perdigones (hecho que había sido desmentido por la policía en un primer momento), hasta incluso secuestrarlos.

En gran parte gracias al apoyo del Tribunal Constitucional del Perú, la gran mayoría de desaparecidos retornaron a sus hogares en los días siguientes a la última marcha producida el sábado 14 de noviembre. Según los reportes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) llegaron a ser más de 70 protestantes, y a pesar de que aún no se da con el paradero de uno de ellos, Gabriel Rodríguez Medrano, la Defensoría del Pueblo se pronunció enfáticamente al respecto: “Estamos en condiciones de señalar que existen indicios razonables de que podría tratarse de una falsa denuncia de desaparición”. En el comunicado emitido el 19 de noviembre, señalan que se realizaron verificaciones de datos oficiales y no se encontraron registros de dicho nombre en el RENIEC, Seguro Integral de Salud (SIS) ni los listados de personas heridas de los hospitales.

No obstante, sí se tiene el testimonio de algunos de los desaparecidos que fueron ubicados más de 48 horas después de haber protestado en las marchas, en realidad dirigidas hacia el ahora ex-presidente Manuel Merino de Lama, quien renunció después de las graves denuncias en su contra y el caos que habían generado sus directrices en los menos de cinco días en los que tuvo a cargo el país. La serie de protestas, de hecho, resultaron también en la renuncia de la mayoría del gabinete ministerial peruano, y dejaron un saldo de dos muertes: Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado. Gracias a ello, las organizaciones de derechos humanos denunciaron penalmente no sólamente a Manuel Merino, sino también a Antero Flores-Araoz, Gastón Rodríguez, el General Jorge Luis Cayas Medina (Jefe de la Región Policial Lima) y Orlando Velasco Mujica (Director General de la Policía Nacional del Perú) por delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves en contra de los más de 200 heridos que dejaron las manifestaciones.

Fernando Araujo, joven de 24 años que estuvo desaparecido por más de 72 horas, se manifestó y denunció haber sido secuestrado por presuntos agentes del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP). Y no sólo eso: también acusó haber sido agredido y encerrado en una habitación tres días sin siquiera recibir alimento. La abogada Rocío Meza del Instituto de Defensa Legal informó que frente a lo ocurrido con Araujo, podría poner una denuncia penal por secuestro y hasta tortura.

A pesar de ya aparentemente ya haber “pasado lo peor”, la situación de Gabriel Rodríguez Medrano (el último presuntamente no habido) desata preocupación en las redes sociales, en donde diversos usuarios sugieren que la Policía puede estar ocultando información al respecto. Sobre todo después de que se conociera que uno de los murales en memoria de Sotelo y Pintado, los fallecidos durante las marchas, fuera, en horas de la madrugada -supuestamente a manos de 15 jóvenes en complicidad de la policía y la Municipalidad de Lima Metropolitana- pintarrajeada de blanco.